Title: REPÚBLICA DE COLOMBIA
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Procesada: Leonora López Piedrahita 
Delito: Fraude Procesal y otros 
Rad. # 66001 60 00 036 2012 03336 01 
Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía en contra de sentencia absolutoria.
Decisión: Revoca y confirma parcialmente

El siguiente es el documento presentado por el Magistrado Ponente que sirvió de base para proferir la providencia dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en la Secretaría de esta Sala. 

Providencia:		Sentencia – 2ª instancia – 09 de abril de 2018
Proceso:		Penal – Condena – Confirma   
Radicación Nro. :	  	66001 60 00 036 2012 03336 01
Procesado:   		LEONORA LÓPEZ PIEDRAHITA
Delito:		Falsedad en documento privado y Fraude procesal
Magistrado Ponente: 	MANUEL YARZAGARAY BANDERA

TEMA:			FALSEDAD EN DOCUMENTO USADO ANTE NOTARIA / FRAUDE PROCESAL AL INSCRIBIR LA ESCRITURA PÚBLICA / SUCESIÓN INTESTADA / CONDENA / CONFIRMA / SE ORDENA LA CANCELACIÓN DE LA ESCRITURA PÚBLICA -  - Esa postura frente al delito de falsedad ideológica en documento privado, fue ratificada posteriormente en las sentencias 42258 del 16 de octubre de 2013, y recientemente en la sentencia SP17352-2016, radicación No. 45589, que también fuera citada párrafos atrás. 

De tal suerte que es claro que acorde con la citada línea jurisprudencial, se ha determinado que los particulares que pretendan realizar trámites de sucesiones intestadas ante notario, están en la obligación de decir la verdad, y dentro de este caso, a menos que se hubiese demostrado lo contrario, se debe entender que la consignación de esa falacia en el escrito presentado ante el Notario Tercero del Circulo de Pereira, para los fines acá tantas veces mencionados, fue realizada por la señora LLP, valiéndose para tal cosa de su representante judicial, y que por ende su actuar se adecua a lo tipificado en el artículo 289 del C.P. en consonancia con lo determinado en el art. 286 de ese mismo Código, ya que con la afirmación que en dicho documento se hiciera no solo se consignó una falsedad sino que se calló la verdad parcialmente. 

Finalmente, en lo que atañe con lo acontecido después de que en la Notaria 3ª de este Circulo Notarial se expidió la Escritura Pública # 1367 del 17 de mayo de 2011, en la cual a la señora LLP se le adjudicó el bien relicto, las pruebas habidas en el proceso nos enseñan que lo consignado en ese documento público fue registrado el 30 de mayo del 2.011, en la oficina de registro de instrumentos públicos de esta localidad en el folio de matrícula inmobiliaria # 290-77472. Lo que nos estaría indicando que el titular de la oficina de registro de instrumentos públicos de esta localidad, de manera colateral fue inducido en error con las actuaciones mendaces adelantadas por la Procesada por intermedio de su abogado, para que de esa forma en el folio de matrícula inmobiliaria se consignara cosas contrarias a la realidad, las cuales estaban consignadas en una escritura pública que nació a la vida jurídica como consecuencia de unas ilícitas triquiñuelas. 

De todo lo antes expuesto, colige esta Colegiatura que le asiste de manera parcial la razón a la tesis de la discrepancia propuesta por la apelante, en lo concerniente a que en el proceso el Ente Acusador, con las pruebas allegadas al juicio, si logró demostrar la ocurrencia del delito de falsedad ideológica en documento privado en lo que atañe con las actuaciones acaecidas en la Notaria 3ª de este Circulo Notarial, que conllevaron a la expedición de la Escritura Pública # 1367 del 17 de mayo de 2011; mientras que en lo que tiene que ver con posterior registro de esa escritura pública  ante el folio de matrícula inmobiliaria # 290-77472, llevado por la oficina de registro de instrumentos públicos de esta localidad, es claro que las pruebas habidas en el proceso demuestran la ocurrencia del delito de fraude procesal.

Siendo así las cosas, la Sala revocará parcialmente el fallo opugnado y en consecuencia procederá a declarar la responsabilidad criminal de la señora LLP en lo que tiene que ver con los cargos endilgados en su contra por incurrir en la comisión de los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal, aclarando que ella incurrió en este último delito por haber utilizado la escritura pública #1367 del 17 de mayo de 2011, inscribiéndola en la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Pereira. De igual forma, en todo lo demás que fue objeto de la inconformidad expresada por el recurrente, la sentencia confutada será confirmada.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA DE DECISIÓN PENAL

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA

SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA

Aprobado por acta No. 301 del nueve de abril  de 2018. H: 7:35 a.m. 

Pereira, nueve (9) de abril de dos mil dieciocho (2018) 
Hora: 8:52 a.m. 

Procesada: LEONORA LÓPEZ PIEDRAHITA 
Delito: Fraude Procesal
Rad. # 66001 60 00 036 2012 03336 01 
Procede: Juzgado 3º Penal del Circuito de esta localidad
Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía en contra de sentencia absolutoria.
Decisión: Revoca y confirma parcialmente  

V I S T O S:

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira a resolver el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación en contra de la sentencia absolutoria proferida en las calendas del 10 de septiembre de 2015 por el Juzgado 3º Penal del Circuito de esta localidad, dentro del proceso penal adelantado en contra de la señora LEONORA LÓPEZ PIEDRAHITA, quien fue acusada de incurrir en la presunta comisión de los delitos de falsedad en documento privado en concurso con fraude procesal y estafa. 

A N T E C E D E N T E S:

Da cuenta el escrito de acusación que la señora LEONORA LÓPEZ PIEDRAHITA contrajo matrimonio con el señor Gilberto Salazar López (q.e.p.d.) en el año 1993. Durante el matrimonio, esto es en el año 2001, ellos adquirieron un bien inmueble consistente en un apartamento en el edificio Cristina ubicado en la calle 20 No. 2-11, el cual estaba avaluado catastralmente en $37.868.000, el que quedó registrado a nombre de ella. El señor Salazar López, falleció el 27 de enero de 2011 sin dejar testamento alguno, razón por la cual la cónyuge supérstite inició, por intermedio de apoderado judicial, el trámite de sucesión intestada ante notaría, para lo cual se indicó en el documento petitorio que se desconocía la existencia de otros herederos o personas con interés alguno en el proceso, razón que llevó a que el Notario Tercero del Circulo de Pereira, mediante escritura pública No. 1367 del 17 de mayo de 2011, le adjudicara en calidad de única heredera aparente, el bien inmueble referenciado, lo que se registró posteriormente ante la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos local. 

Considera la Fiscalía que el actuar de la señora LEONORA LÓPEZ fue contrario a la Ley, por cuanto al iniciar ella el proceso de sucesión intestada tenía conocimiento de que su fallecido esposo era padre de la señora RUBIELA ADALIZ SALAZAR OCAMPO, quien nació en un matrimonio anterior, sin embargo, ella ocultó tal información al momento de solicitar la sucesión y tampoco le comunicó en momento alguno a la señora RUBIELA SALAZAR que adelantaría tal proceso, situación de la cual ella se enteró cuando trató de iniciar proceso similar ante un juez de familia. 

L A   A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L:

­	La audiencia de formulación de la imputación se llevó a cabo el 16 de octubre de 2013 en el Juzgado 1º Penal Municipal de esta localidad, ante el cual a la entonces indiciada LEONORA LÓPEZ PIEDRAHITA la Fiscalía le enrostró cargos por incurrir en la presunta comisión de los delitos de Falsedad en documento Privado, Obtención de Documento Público Falso, Fraude Procesal y Estafa. Es de anotar que dichos cargos no fueron aceptados por la procesada. 

­	Posteriormente, en las calendas del 6 de febrero de 2014, la Fiscalía presentó escrito de acusación en contra de la procesada LÓPEZ PIEDRAHITA, audiencia que se llevó a cabo ante el Juzgado 3º Penal del Circuito de esta localidad el día 20 de marzo de ese mismo año. En esta diligencia la Fiscalía realizó una modificación a la calificación jurídica de los delitos, para finalmente acusar solo por un concurso de conductas punibles de falsedad ideológica en documento privado, fraude procesal y estafa. Después de varios aplazamientos, el 27 de marzo de 2015 fue efectuada la audiencia preparatoria.

­	La audiencia de juicio oral se celebró en una sola sesión el 27 de agosto de 2015, en esa oportunidad también se anunció el sentido del fallo, el que resultó ser de carácter absolutorio. A continuación, el 10 de septiembre de 2015, se hizo lectura del Fallo, en el cual la encausada LEONORA LÓPEZ PIEDRAHITA fue absuelta de los cargos proferidos en su contra. En contra de dicho Fallo absolutorio, la Fiscalía de manera oportuna interpuso y sustentó el recurso de apelación.

L A  S E N T E N C I A   O P U G N A D A:

Se trata de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta localidad en las calendas del 10 de septiembre de 2015, en la cual se decidió absolver a la encausada LEONORA LÓPEZ PIEDRAHITA de los cargos proferidos en su contra por incurrir en la presunta comisión de un concurso de delitos de Falsedad Ideológica en Documento Privado, Fraude Procesal y Estafa. 

Los argumentos expuestos por el A quo para proferir dicho fallo de carácter absolutorio, consistieron en establecer que en el presente asunto la Fiscalía no demostró aquello a lo que se comprometió en su teoría del caso, pues no se probó fehacientemente que existiera un documento privado, que pueda servir de prueba, en donde se pueda constatar que la señora LEONORA hubiese consignado una afirmación carente de veracidad o no concordante con la realidad, el cual pudiera considerarse como falso; pues no se puede entender como tal la solicitud presentada por el abogado por intermedio del cual la procesada llevó ante Notario la petición de sucesión, pues no basta con suponer, como lo hace el Ente Acusador, que si esa afirmación de que el fallecido esposo de la acusada no tenía hijos ni otros herederos fue consignada en el documento petitorio, es porque ella le suministró esa información al profesional del derecho que lo elaboró. Igualmente, aduce que dentro del juicio oral no se demostró cómo se realizó el proceso de liquidación de la sociedad conyugal, si fue que se hizo, ni en qué términos se llevó la sucesión ante notario. 

En ese orden de cosas, consideró el Juez, que no se demostró cuál fue la afirmación o manifestación concreta, clara y explícita para que lo sindicado en contra de la encausada  pueda ser considerado como un medio fraudulento, que tuviese la capacidad de inducir a error y engañar tanto al Notario como al Registrador de Instrumentos Públicos, para hacerles producir actos contrarios a la ley. 

Aunado a ello, para el A quo, tampoco se demostró cuáles fueron los actos engañosos por medio de los que la señora LÓPEZ PIEDRAHITA indujo o mantuvo en error a la víctima para defraudarla patrimonialmente en provecho suyo o de un tercero, en especial porque tampoco se probó cuál fue ese beneficio.  

Para llegar a dichas conclusiones, el Juez de Primer nivel efectuó un análisis de las pruebas practicadas en el juicio oral, las cuales demostraban que a pesar que la Procesada, efectivamente inició un proceso de sucesión intestada ante notario público, trámite que consideró carente de producir efectos patrimoniales o beneficios para alguien, incluyéndose ella, en especial porque desde antes de esa actuación ella ya aparecía registrada como única propietaria del bien inmueble. 

L A  A P E L A C I Ó N:

La alzada interpuesta y sustentada de manera oportuna por parte de la Fiscal Delegada, tiene como objeto procurar la revocatoria de la sentencia opugnada para que de esa forma sea declarada la responsabilidad penal de la encausada LEONORA LÓPEZ PIEDRAHITA por incurrir en las conductas penales que le fueran endilgadas.

Después de realizar un recuento de lo dicho por el entonces Juez Tercero Penal del Circuito de Pereira en su decisión, la recurrente, propuso como tesis central de su apelación la consistente en que dentro del presente asunto sí quedó demostrado la comisión de las conductas punibles endilgadas a la procesada de la siguiente manera: 

En el documento presentado para la solicitud de sucesión intestada tramitada ante el Notario Tercero del Circulo de Pereira, se afirmó bajo la gravedad del juramento por parte del abogado de la procesada que “ni lo herederos ni yo, sabemos de la existencia de otros herederos, ni interesados, ni bienes distintos a los que se enuncian en la relación de activos y pasivos que se acompaña esta solicitud”, lo que implica claramente que ella le dio a su representante judicial información que no era veraz, para que él presentara la petición en su nombre, para lo cual le confirió el respectivo poder, desconociendo con ello el derecho herencial de la señora SALAZAR OCAMPO, a fin de que el inmueble le fuera adjudicado solo a ella.

El motivo que tenía la señora LÓPEZ PIEDRAHITA para hacer tal cosa, radicaba en que el inmueble fue adquirido estando vigente la sociedad conyugal entre ella y el causante, y la misma jamás se liquidó, lo que implicaba que al fallecer aquel, lo que le correspondía a él de esa sociedad conyugal pasaba de manera inmediatamente a sus herederos, o sea su hija. 

Con sus aseveraciones mentirosas, la señora LEONORA logró que se le adjudicara a ella, en calidad de única heredera, tal como consta en los documentos allegados al juicio, el apartamento 201 del edificio Cristina, que era lo único que existía como bien para ser adjudicado dentro de la sucesión intestada del señor Gilberto Salazar López; y una vez logró tal cosa, uso esa escritura pública, que estaba basada en una falsedad, para que se inscribiera tal cosa en la ficha catastral del inmueble. 

De esa manera, consideró la apelante que no se puede decir como lo afirmó el A quo, que no existió engaño por parte de la procesada para obtener un beneficio en detrimento del patrimonio de otra persona, pues ella engañó tanto a su apoderado judicial, y por intermedio suyo al Notario y al Registrador de Instrumentos Públicos, para que el inmueble que ella había adquirido con su difunto esposo le fuera adjudicado solo a ella, desconociendo de esa manera los derechos herenciales que la hija de aquel tenía sobre la porción conyugal que del mismo le correspondía a su fallecido padre. 

P A R A   R E S O L V E R   S E   C O N S I D E R A:

- Competencia:

Como quiera que estamos en presencia de un recurso de apelación que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de una Sentencia proferida por un Juzgado Penal del Circuito que hace parte de este Distrito Judicial, la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de Pereira, según las voces del # 1º del artículo 34 C.P.P. sería la competente para resolver la presente Alzada.  

Asimismo no se avizora la ocurrencia de ningún tipo de irregularidad sustancial o irrespeto de las garantías fundamentales que le asisten a los sujetos procesales, que de manera negativa pueda incidir para que la Sala se abstenga de desatar el presente recurso de apelación y en su defecto proceda a decretar oficiosamente la nulidad de la actuación.

- Problema Jurídico:

Acorde con los argumentos del disenso propuestos por el recurrente, considera la Sala que nos ha sido propuesto el siguiente problema jurídico:

¿Cumplió la Fiscalía con la obligación que le asistía de demostrar, más allá de cualquier duda razonable, la responsabilidad penal endilgada en contra de la procesada LEONORA LÓPEZ PIEDRAHÍTA, por incurrir en la presunta comisión de los delitos de Falsedad en Documento Privado, Fraude Procesal y Estafa?

- Solución: 

Para poder solucionar el antes enunciado problema jurídico, se hace necesario por parte de la Sala llevar a cabo un análisis del acervo probatorio, con el fin de determinar, tal y como lo expone el recurrente, si las pruebas habidas en el proceso demostraban, más allá de cualquier duda razonable, el compromiso penal de la encausada, o si por el contrario le asiste la razón a la decisión opugnada, la que se fundamenta en el argumento consistente en que el Ente Acusador no pudo desvirtuar la presunción de inocencia que amparaba a la procesada.

Como premisas fácticas que deben ser tenidas en cuenta para poder resolver el antes enunciado problema jurídico, encuentra la Sala que en el proceso está plenamente demostrado lo siguiente:

1)	La señora LEONORA LÓPEZ PIEDRAHÍTA contrajo matrimonio por el rito católico con el señor GILBERTO SALAZAR LÓPEZ (q.e.p.d.) el 29 de abril de 1993, en la ciudad de Pereira (Fl.44), y con ella convivió hasta el día de su fallecimiento ocurrido el 27 de enero de 2011 (Fl.31).  

2)	En el mes de diciembre del año 2001, estando vigente la sociedad conyugal, la señora LÓPEZ PIEDRAHÍTA adquirió por medio de compraventa el apartamento 201 del edificio Cristina, ubicado en la calle 20 No. 2-11 de la ciudad de Pereira, identificado con número catastral 01-04-0050-0043-902, el cual se convirtió en el lugar de residencia de la pareja. Dicho bien hacia parte de la sociedad conyugal, por lo que al extinguirse esta era objeto de liquidación respecto de la parte del mismo que le correspondía a cada uno de los cónyuges o sus sucesores.

3)	Dado el deceso del señor SALAZAR LÓPEZ, la ahora procesada el 9 de marzo de 2011 le concedió poder amplio y suficiente al abogado JOSÉ ARTURO FRANCO PELÁEZ, para que en su nombre y representación adelantara proceso de sucesión intestada de su difunto esposo (Fl.35). En atención a ese mandato judicial, ese mismo día, el representante judicial de la señora LEONORA presentó ante la Notaría Tercera del Círculo de Pereira, solicitud en tal sentido adjuntado el inventario y avalúo de bienes y el trabajo de adjudicación de los mismos en calidad de única heredera a la ahora procesada (Fls.36 a 51). 

4)	Mediante Acta No. 061 del 1º de abril de 2011, el Notario Tercero de Pereira, aceptó la iniciación del trámite de sucesión intestada del causante GILBERTO SALAZAR LÓPEZ, el cual culminó con el otorgamiento de la escritura pública # 1367 del 17 de mayo de 2011, por medio de la cual se le adjudicó en calidad de única heredera a la señora LEONORA, la porción conyugal que sobre el inmueble arriba referenciado le correspondía al causante, esto es a su difunto esposo. 

5)	La señora RUBIELA ADALIZ SALAZAR OCAMPO, es hija del fallecido señor GILBERTO SALAZAR LÓPEZ y de la señora MERCEDES OCAMPO BUITRAGO, con quien él estuviera casado en primeras nupcias celebradas el 20 de febrero de 1939, ambos fallecidos. De igual forma, la Procesada, desde que inició su convivencia marital con el hoy difunto GILBERTO SALAZAR LÓPEZ, tenía conocimiento de la existencia de RUBIELA ADALIZ SALAZAR y de su condición de hija de su marido.

6)	Mediante audiencia pública de conciliación realizada el 28 de febrero de 2013, ante el Juzgado Cuarto de Familia, las señoras LÓPEZ PIEDRAHÍTA y SALAZAR OCAMPO, acordaron que toda vez que esta última sí ostentaba la calidad de heredera de su padre el señor GILBERTO, la primera accedía a que rehiciera el trabajo de partición de la sucesión de su fallecido cónyuge, a fin de incluir a la hija de este (Fl.74) sin que a la fecha se tenga noticia de que tal cosa se realizó efectivamente.  

De acuerdo a lo anterior, se puede apreciar sin lugar a dudas que efectivamente se adelantó por parte de la señora LEONORA LÓPEZ PIEDRAHÍTA un proceso de sucesión intestada, de la cual fuera causante su difunto esposo y padre de la señora RUBIELA ADALIZ SALAZAR, el señor GILBERTO SALAZAR LÓPEZ, tal proceso recayó sobre la parte que del apartamento que ellos compartían le correspondía a él dada la sociedad conyugal que se encontraba vigente al momento de su fallecimiento; para dicho trámite la ahora procesada jamás tuvo en cuenta a su hijastra para incluirla en el mismo, logrando así que a ella sola le fuera adjudicada tal herencia como cónyuge supérstite. 

En ese orden de ideas, considera la Fiscalía que la ahora procesada con su actuar incurrió en tres conductas punibles, i) falsedad en documento privado, ii) fraude procesal y, iii) estafa; de allí, que sea necesario hace algunas precisiones en torno a cada una de ellas a fin de poder determinar si las mismas se configuraron o no en el presente asunto. 

- Sobre la falsedad en documento privado:

Establece el artículo 289 del Código Penal que «El que falsifique documento privado que pueda servir de prueba, incurrirá, si lo usa, en prisión de…». En consonancia con ello, el artículo 294 de esa misma obra procesal, señala que: 

“Artículo 294. Documento. Para los efectos de la ley penal es documento toda expresión de persona conocida o conocible recogida por escrito o por cualquier medio mecánico o técnicamente impreso, soporte material que exprese o incorpore datos o hechos, que tengan capacidad probatoria.”

A su vez el artículo 243 del Código General del Proceso, luego de presentar algunos ejemplos sobre qué puede ser considerado como documento concluye diciendo que «son todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo», para posteriormente señalar ese mismo artículo, que estos pueden ser de carácter público o privado, indicando que los primeros son aquellos que otorga un funcionario público en uso de sus funciones o con su intervención, o aquellos otorgados por particulares que ejercen funciones públicas; de tal suerte, es viable decir que si un documento no cumple con esos requisitos se refuta como privado, tal como lo indicaba el derogado artículo 251 del Código de Procedimiento Civil. 

Teniendo claro lo anterior, resulta importante traer a colación la sentencia SP17352-2016 proferida dentro del radicado No. 45589 del 30 de noviembre de 2016, en donde la Sala de Casación Penal de la CSJ indicó frete a este delito que:

Los delitos de falsedad documental atentan contra la fe pública, entendida ésta como «la credibilidad otorgada a los signos, objetos o instrumentos que constituyen medio de prueba acerca de la creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas relevantes. Precisamente, con los documentos se acredita algo y facilitan las relaciones entre los asociados, por ello, a algunos se les da una connotación especial para garantizar tal crédito». En cuanto a las modalidades de los distintos tipos de falsedad, incluida la que recae en documento privado, se distingue entre «la material, por creación integral del documento o por alteración de uno ya existente; y la ideológica, histórica o intelectual, por incorporación en el documento de datos que no corresponden a la verdad, por ejemplo, en general, cuando se falta a la verdad en la narración de los hechos que son plasmados o vertidos en el objeto material».

Sentencia de casación del 16 de marzo de 2005, rad. 22407. La tipicidad de la modalidad ideológica de la falsedad en documento privado ha sido refrendada, entre otros, en los fallos del 12 de marzo de 2008, rad. 25059; del 21 de abril de 2010, rad. 31848; y del 16 de octubre de 2013, rad. 42258.

- Sobre la estafa: 

El delito de estafa se encuentra consagrado en el artículo 246 del C.P., en donde se señala que “El que obtenga provecho ilícito para sí o para un tercero, con perjuicio ajeno, induciendo o manteniendo a otro en error por medio de artificios o engaños, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes."; de ello, se puede concluir que, entre otros, son elementos constitutivos del delito de estafa, el engaño o inducción en error a la víctima y el provecho ilícito propio o en favor de un tercero que obtiene el autor del delito.

Frente a lo anterior, ha precisado de vieja data la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que son elementos del tipo objetivo del delito de Estafa, los siguientes:

“De lo expuesto puede concluirse en el análisis dogmático del delito de estafa, que tiene un sujeto activo indeterminado, cuya actividad se concreta en el verbo rector de obtener provecho ilícito, ya sea para sí o para un tercero, de manera que se trata de un delito de resultado; consecuencia que debe ser producto de unas específicas circunstancias alternativas definidas por el legislador, esto es, inducir o mantener en error a otro mediante artificios o engaños.

Inducir es sinónimo de incitar, provocar, estimular, influir o fustigar, en tanto que mantener corresponde a las conductas de conservar, sostener o alimentar.

Por su parte, artificio o engaño se consideran sinónimos (Cfr. SP 25 oct. 1971), y aluden a artimaña, truco, trampa, argucia, asechanza o treta.

Hay una relación causal, también llamada teleológica entre la obtención del provecho ilícito y las referidas conductas alternativas de inducir o mantener en error, siempre que se hayan utilizado artificios – sin los cuales no se configura el delito en comento – de modo que sin aquél beneficio contrario a la legalidad no hay consumación y la conducta podría ubicarse en el terreno de la tentativa, y sin dicho nexo causal, pese a causarse un daño y obtenerse una ventaja, tampoco se configura la estafa.”

CSJ, Sala de Casación Penal, radicado SP13691-2014 (44504), del 8 de octubre de 2014, M.P. Dra.  María del Rosario González Muñoz.

- Del delito de fraude procesal:

De vieja data la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, ha enseñado que son elementos del tipo objetivo del delito de Fraude Procesal, tipificado en el artículo 453 C.P. los siguientes:

“Para el encasillamiento de una conducta en este tipo penal es imprescindible la concurrencia de las siguientes condiciones:

Sujeto activo indeterminado, dado que la ley no exige ninguna cualificación al autor del supuesto de hecho.

La conducta se concreta en la inducción en error del servidor público a través de medios fraudulentos idóneos, es decir, que para su perfeccionamiento no se necesita que el funcionario haya sido engañado sino que los mecanismos utilizados tengan la fuerza suficiente para ello.

Como ingrediente subjetivo específico del tipo, se destaca que la conducta debe estar orientada a conseguir una decisión  injusta favorable a los intereses del autor por medio de sentencia, resolución o acto administrativo.

Se deduce de lo anterior, que es un tipo de mera conducta en razón a que se perfecciona cuando se logra la inducción en error del servidor público por medios engañosos o artificiosos idóneos y sus efectos se prolongaran en el tiempo en tanto perviva el estado de error y se obtenga la decisión pretendida, aun después si se necesita para su ejecución de actos posteriores. Es decir, no requiere el logro de la decisión anhelada, sentencia, resolución o acto administrativo ilegal que de producirse configuraría su agotamiento…”.

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del dos (2) de septiembre de dos mil dos (2.002). Proceso # 17703. M. P.  EDGAR LOMBANA TRUJILLO.

De lo anterior, se desprende que para la adecuación típica de dicho delito, no solo basta que el sujeto agente lleve a cabo una acción engañosa con el ya consabido propósito, sino que también se hace necesario y primordial que los medios utilizados en dicho accionar fraudulento tengan la idoneidad necesaria y suficiente como para poder engañar o inducir en error a la Administración, lo cual, contrario sensu quiere decir que si dichos medios carecen de la citada idoneidad, ello tornaría en atípica la conducta punible, como bien lo ha admitido la Corte de la siguiente manera: 

“En relación con el primer tópico, resulta pertinente precisar, que el acto de inducción desplegado por el agente y que se exige para la estructuración de la conducta punible objeto de análisis, ha de contar con la fuerza o idoneidad suficiente para encaminar hacia un raciocinio errado al servidor público.  

Si se comprueba que ese acto no reviste esa especial connotación, no será viable el juicio de adecuación típica, pues si bien el legislador prevé la utilización de “cualquier medio fraudulento” para el propósito indicado en la norma, éste debe contar con la aptitud o la fuerza necesaria para incidir en el razonar del sujeto pasivo de la conducta, hasta el punto de sustraerle a una verdad específica, para introyectarle, en su defecto, una convicción distante de la realidad…”.

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia de agosto diecisiete (17) de dos mil cinco (2005). Proceso # 19391. M.P. MARINA PULIDO DE BARÓN.

- Del caso concreto:

Con base en todo lo dicho hasta el momento es procedente pasar a revisar si en el presente caso se configuran o no los delitos que le fueran endilgados a la señora LEONORA LÓPEZ PIEDRAHÍTA por parte de la Fiscalía. De esa manera en lo que concierne al reato de Estafa, es necesario recordar que para establecer su comisión es necesario verificar que el sujeto activo del mismo ha desplegado una serie de acciones artificiosas o engañosas tendientes a inducir o mantener a otro en error, con el fin de causar un detrimento patrimonial. 

De allí y atendiendo a la narración que de los hechos ahora juzgados realizara la Fiscalía, debe señalar la Colegiatura que en el presente asunto, contrario a lo aludido por el A quo en el fallo opugnado, se dan con todos los presupuestos para la estructuración del delito de estafa, en la modalidad conocida por la doctrina como “estafa procesal”, ya que de un simple y mero análisis del acervo probatorio, el mismo es categórico en indicarnos que la Sra. LEONORA LÓPEZ PIEDRAHÍTA, utilizando los servicios de un Letrado, mediante el empleo de maniobras artificiosas, como lo fue una petición deprecada ante Notario Público, en la cual se solicitaba el inicio de un trámite notarial de una sucesión intestada, en la que se aviesamente se ocultó la existencia de una heredera del causante, en este caso la Sra. RUBIELA ADALIZ SALAZAR OCAMPO, para de esa forma conseguir, mediante la expedición de la Escritura Pública # 1367 del 17 de mayo de 2.011, que los bienes relictos le fueran adjudicado únicamente a la Sra. LEONORA LÓPEZ, lo que a su vez la ocasionó un detrimento patrimonial a la Sra. RUBIELA ADALIZ SALAZAR OCAMPO, quien tenía vocación hereditaria sobre los bienes que le fueron adjudicados a la Sra.  LEONORA LÓPEZ. 

Dicha expoliación perpetrada en contra de los intereses patrimoniales de la Sra. RUBIELA ADALIZ SALAZAR, se perfeccionó y en consecuencia se puede considerar como consumada, a partir del momento en el que la Escritura Pública # 1367 del 17 de mayo de 2.011 fue inscrita el 30 de mayo del 2.011 en el folio de matrícula inmobiliaria # 290-77472 llevado por la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de esta localidad. 
Bajo esa perspectiva, considera la Sala que le asiste razón al apelante porque en efecto el A quo se equivocó en la apreciación de las pruebas habidas en el proceso, las cuales de manera categórica demostraban la ocurrencia del delito de estafa, en la modalidad conocida como estafa procesal. Razón por la cual, la Colegiatura procederá a revocar la sentencia confutada en lo que atañe con la absolución con la cual fue favorecida la Sra. LEONORA LÓPEZ PIEDRAHÍTA frente a los cargos que le fueron endilgados en su contra por incurrir en la comisión del delito de estafa. 

Ahora bien, en cuanto al delito de Fraude Procesal, es menester mencionar, como ya se dijo con antelación, que el mismo consiste en la inducción en error de un servidor público con la utilización de cualquier medio fraudulento por parte de una persona con el fin de obtener una decisión judicial, acto administrativo o resolución contrarios a la ley. Bajo ese entendido, si partiéramos del supuesto que el notario a pesar de ser un particular cumple ciertas funciones públicas en desarrollo del principio de descentralización por colaboración, podríamos decir que estamos ante un funcionario público y que por tanto todas las determinaciones que estos profieren con el fin de crear, modificar o extinguir una determinada situación deben ser entendidas como decisiones administrativas; luego, se colegiría que cuando a un notario público se le suministra información mendaz, incorrecta o imprecisa para que él tome una determinada decisión que no sería tal si se le diera la información real, estaríamos ante el delito de fraude procesal. Sin embargo, en materia específica del delito de fraude procesal cuando ante una Notaria Publica se tramita un proceso de sucesión, la Sala de Casación Penal de la CSJ, en pretérita oportunidad, haciendo un análisis de este tema señaló que tales conductas serian atípica, según los siguientes argumentos: 

Decisión del 21 de abril de 2010, proferida dentro del radicado No.  31.848, M.P. Dra. María del Rosario González Lemos.

“Como se observa, los notarios ni son funcionarios judiciales ni ostentan la condición de autoridades administrativas. Precisamente, por esto último tampoco se les puede facultar para administrar excepcionalmente justicia, con apoyo en lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 116 de la Constitución Política. 

Y aunque en calidad de particulares podrían, con fundamento en el citado artículo 116, ejercer funciones jurisdiccionales, no puede pasarse por alto que la autorización constitucional solamente se extiende para actuar como jurados en causas criminales, así como conciliadores o árbitros en virtud de habilitación por las partes en ejercicio de su autonomía de la voluntad privada, sin comprender entonces actividades como la tramitación de actuaciones sucesorales. 

Significa lo anterior que cuando el notario adelanta por petición de las partes una sucesión, no ejerce funciones jurisdiccionales. Su labor tampoco reviste naturaleza administrativa, pues, como se dijo, no ostenta la condición de autoridad de esa estirpe. En esas condiciones, no es viable predicar aquí la estructuración del delito de fraude procesal, en cuanto ese comportamiento implica la pretensión de obtener sentencia, resolución o acto administrativo, cuyas decisiones no se encuentran bajo el resorte de los notarios.

Como lo señaló el Procurador Delegado, erró entonces el Tribunal cuando afirmó lo contrario. Al casacionista, empero, no le asiste razón al señalar que el comportamiento de los procesados es atípico, pues el mismo sí resulta relevante penalmente, como se verá a continuación.” (Negrillas de la Sala)

De tal suerte, acatando lo dicho por la Corte en el precedente jurisprudencial citado, se hace evidente que dentro del presente asunto no se puede decir, como lo pretende la Fiscalía, que se configuró el delito de fraude procesal por haber obtenido la señora LEONORA LÓPEZ PIEDRAHITA la adjudicación notarial en calidad de única heredera de la parte que a su fallecido esposo le correspondía del inmueble que compartieran por más de diez años, señalando para ello que no conocía de la existencia de otros posibles herederos a pesar de saber de conocer y tener contacto con la hija de aquel, la señora RUBIELA ADALIZ SALAZAR OCAMPO. 

Hasta el momento, es evidente que no le asistía razón a la impugnante en cuanto a sus reparos al fallo de primer nivel, pues se ha dejado claro que dos de los delitos endilgados a la procesada no se configuraron con su actuar, sin embargo, es necesario decir que tal suerte no se corre con el tercero de los delitos, esto es con el de la falsedad ideológica en documento privado. Para abordar ese tema es importante recordar que en el documento de petición de adjudicación de sucesión intestada, el apoderado judicial de la señora LÓPEZ PIEDRAHÍTA consignó que ni él ni su poderdante, o sea ella, tenían conocimiento de la existencia de otros herederos diferentes a la peticionaria (Fl. 39), lo que para el Ente Acusador se convierte en una falta a la verdad y a la realidad, toda vez que, se insiste, para la procesada no era desconocida la existencia de la señora RUBIELA ADALIZ, hija de su difunto consorte.

En atención a lo anterior, y dando una mirada rápida al asunto, podría decirse que dentro del presente asunto no existe esa falsedad en documento privado por cuanto se consideraría que la Procesada en su calidad de particular no estaba ni está obligada a decir la verdad, como sí sucede con los servidores públicos o aquellos particulares que por ley están obligados a hacerlo, tal es el caso de los contadores públicos y de los médicos; y por tal cosa, más bien estaríamos frente a un delito de falso testimonio consagrado en el artículo 442 del C.P., atendiendo al hecho de que lo que dijo la procesada en esa oportunidad fue bajo la gravedad del juramento y ante una autoridad competente al faltar a la verdad, sin embargo retomando la sentencia de la Sala de Casación Penal, arriba citada para exculparla del fraude procesal, encuentra esta Colegiatura que en esa oportunidad ese Alto Tribunal, revisando un caso similar a este, señaló respecto a la falsedad en documento privado, lo siguiente: 

“En el caso materia de análisis, existe obligación legal de decir la verdad para quien acude a un notario a adelantar el trámite de liquidación de una sucesión, pues el Decreto Legislativo 902 de 1988, modificado por el Decreto 1729 de 1989, normatividad que regula dicha actuación, señala en su artículo 2º que los peticionarios o sus apoderados “deberán afirmar bajo juramento que se considera prestado por la firma de la solicitud, que no conocen otros interesados de mejor o igual derecho”, estableciendo adicionalmente que su ocultación  “hará que los responsables queden solidariamente obligados a indemnizar a quienes resulten perjudicados por ella, sin perjuicio de las sanciones que otras leyes establezcan”.

Ese deber legal, sin duda, no lo cumplieron los hermanos LÓPEZ GUZMÁN, porque a pesar de conocer la existencia de otros herederos con igual derecho sobre la masa sucesoral, decidieron afirmar lo contrario para hacerse asignar la totalidad de los activos del causante, birlando de esa manera los derechos de sus consanguíneos Alba Consuelo, José Luis, Juan Carlos, Stella y María Eugenia López Castro, nacidos de una relación extramatrimonial del padre de los aquí procesados.

Es de advertir que esa manifestación fue efectuada tanto en el escrito donde se solicitó adelantar el trámite de la sucesión como en la escritura pública en la cual se protocolizó la respectiva liquidación, pues en ese último documento se insistió en afirmar bajo la gravedad del juramento que el causante “no dejó herederos diferentes a los hijos habidos dentro del matrimonio”, desfigurándose también la verdad en un acto notarial que, como lo señala el Procurador Delegado, es formalmente público pero sustancialmente privado, en cuanto su parte introductiva corresponde al notario mientras la narrativa al particular que acude al primero a otorgar la escritura pública, cuyas mentiras cuando se está en la obligación de decir la verdad configuran, por tanto, falsedad ideológica en documento privado.
	
Se observa, igualmente, que tales manifestaciones no las efectuaron los acusados en forma directa sino a través de su apoderado, pues fue éste quien presentó la petición y luego compareció a la Notaría a otorgar la escritura pública. Este hecho, entiende la Sala, permite al Ministerio Público sostener que los procesados incurrieron en el delito a título de determinadores. 

La Sala, empero, no participa de dicho criterio porque en la figura de la determinación tanto el determinador como el determinado responden penalmente por la conducta ilícita realizada, y en el presente evento no existe elemento de juicio para afirmar que el apoderado de los procesados tenía conocimiento de la existencia de los otros herederos. 

Considera la Corte que en este caso se presentó, en realidad, una autoría mediata, entendida como aquella en la cual el sujeto activo realiza el comportamiento punible valiéndose para el efecto de otra persona que actúa como instrumento, quien entonces no responde penalmente de la conducta ilícita, salvo en algunos excepcionales eventos.”  

Esa postura frente al delito de falsedad ideológica en documento privado, fue ratificada posteriormente en las sentencias 42258 del 16 de octubre de 2013, y recientemente en la sentencia SP17352-2016, radicación No. 45589, que también fuera citada párrafos atrás. 

De tal suerte que es claro que acorde con la citada línea jurisprudencial, se ha determinado que los particulares que pretendan realizar trámites de sucesiones intestadas ante notario, están en la obligación de decir la verdad, y dentro de este caso, a menos que se hubiese demostrado lo contrario, se debe entender que la consignación de esa falacia en el escrito presentado ante el Notario Tercero del Circulo de Pereira, para los fines acá tantas veces mencionados, fue realizada por la señora LEONORA LÓPEZ PIEDRAHÍTA, valiéndose para tal cosa de su representante judicial, y que por ende su actuar se adecua a lo tipificado en el artículo 289 del C.P. en consonancia con lo determinado en el art. 286 de ese mismo Código, ya que con la afirmación que en dicho documento se hiciera no solo se consignó una falsedad sino que se calló la verdad parcialmente. 

Finalmente, en lo que atañe con lo acontecido después de que en la Notaria 3ª de este Circulo Notarial se expidió la Escritura Pública # 1367 del 17 de mayo de 2011, en la cual a la señora LEONORA LÓPEZ PIEDRAHITA se le adjudicó el bien relicto, las pruebas habidas en el proceso nos enseñan que lo consignado en ese documento público fue registrado el 30 de mayo del 2.011, en la oficina de registro de instrumentos públicos de esta localidad en el folio de matrícula inmobiliaria # 290-77472. Lo que nos estaría indicando que el titular de la oficina de registro de instrumentos públicos de esta localidad, de manera colateral fue inducido en error con las actuaciones mendaces adelantadas por la Procesada por intermedio de su abogado, para que de esa forma en el folio de matrícula inmobiliaria se consignara cosas contrarias a la realidad, las cuales estaban consignadas en una escritura pública que nació a la vida jurídica como consecuencia de unas ilícitas triquiñuelas. 

De quien se debe decir que al parecer fue engañado por su cliente y en consecuencia fue utilizado como instrumento para la perpetración del fraude procesal.

De todo lo antes expuesto, colige esta Colegiatura que le asiste de manera parcial la razón a la tesis de la discrepancia propuesta por la apelante, en lo concerniente a que en el proceso el Ente Acusador, con las pruebas allegadas al juicio, si logró demostrar la ocurrencia del delito de falsedad ideológica en documento privado en lo que atañe con las actuaciones acaecidas en la Notaria 3ª de este Circulo Notarial, que conllevaron a la expedición de la Escritura Pública # 1367 del 17 de mayo de 2011; mientras que en lo que tiene que ver con posterior registro de esa escritura pública  ante el folio de matrícula inmobiliaria # 290-77472, llevado por la oficina de registro de instrumentos públicos de esta localidad, es claro que las pruebas habidas en el proceso demuestran la ocurrencia del delito de fraude procesal.

Siendo así las cosas, la Sala revocará parcialmente el fallo opugnado y en consecuencia procederá a declarar la responsabilidad criminal de la señora LEONORA LÓPEZ PIRDRAHÍTA en lo que tiene que ver con los cargos endilgados en su contra por incurrir en la comisión de los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal, aclarando que ella incurrió en este último delito por haber utilizado la escritura pública #1367 del 17 de mayo de 2011, inscribiéndola en la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Pereira. De igual forma, en todo lo demás que fue objeto de la inconformidad expresada por el recurrente, la sentencia confutada será confirmada.

Finalmente, como quiera que en el presente asunto está demostrado que en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de esta localidad se registró en el folio de matrícula inmobiliaria # 290-77472 unos actos notariales de los cuales se demostró su contenido fraudulento, la Sala, acorde con lo reglado en el artículo 101 C.P.P. como consecuencia de lo resuelto y decidido en el presente fallo de segunda instancia, procederá a ordenar la correspondiente cancelación tanto de la Escritura Pública # 1367 del 17 de mayo de 2.011 expedida por la Notaria 3ª de este Circulo Notarial, como de su posterior inscripción en la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos local. 
 
Ahora bien, como consecuencia de la declaratoria de la responsabilidad criminal pregonada en contra de la Procesada LEONORA LÓPEZ PIEDRAHÍTA, por incurrir en la comisión del delito de los delitos de falsedad ideológica en documento privado en concurso con los reatos de fraude procesal y estafa,  le corresponde a la Colegiatura llevar a cabo las correspondientes operaciones de dosimetría punitivas, a fin de determinar las penas a imponer, para lo cual se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

•	El delito de, tipificado en los artículo 289 del Código Penal consagra para el delito de falsedad en documento privado, sin importar en cuál de sus dos modalidades se dé, una pena que va desde 16 a 108 meses de prisión. Mientras que el delito de fraude procesal, tipificado en el artículo 453 C.P. es sancionado con una pena de 72 a 144 meses de prisión, así como a la inhabilitación para el ejercicio de derecho y funciones públicas por un lapso de 60 a 96 meses. A su vez el delito de estafa tipificado en el artículo 246 C.P. es sancionado con una pena de 32 a 144 meses de prisión, y multa de 66,66 a 1.500 s.m.m.l.v.

•	Al estar en presencia de un concurso de delitos, integrado por los reato de fraude procesal y falsedad en documento privado, y al aplicar las reglas consignadas en el artículo 31 C.P. se tomará como delito base el reato de fraude procesal, por ser el ilícito sancionado con las penas más graves, mientras que los delitos de falsedad en documento privado y estafa serán considerados como los reatos acompañantes. 

Es de destacar que a pesar de que tanto el delito de estafa como el de fraude procesal son sancionados como una pena máxima de 144 meses de prisión, la Sala se inclinara por escoger como delito más grave al de fraude procesal, porque al aplicar el sistema de cuartos, frente al cuarto de punibilidad a escoger, que sería el mínimo, vemos que su ámbito de punibilidad es mayor.

•	Al aplicar el sistema de cuartos, teniendo en cuenta que en contra de la declarada penalmente responsable no se le endilgaron circunstancias genéricas de mayor punibilidad y aunado a que en su favor tiene la circunstancia de menor punibilidad de la no existencia antecedentes penales, acorde con lo establecido en el inciso 2º del articulo 61 C.P. se debe acudir al primer cuarto mínimo de punibilidad, los que frente al delito de fraude procesal oscilarían de 72 hasta 90 meses de prisión; mientras que para la pena de inhabilitación para el ejercicio de derecho y funciones públicas, estarían comprendidos entre 60 a 69 meses.

•	Para individualizar las penas, se tendrá en cuenta factores tales como la condición de adulto mayor de la procesada, el dolo con el que actuó la encartada y la poca intensidad del daño patrimonial causado a la víctima, lo que se vio reflejado en la conciliación surtida el 28 de febrero de 2013 ante el Juzgado 4º de Familia de Pereira, en el que las partes expresaron su animó de llegar a un arreglo conciliatorio. Tales circunstancias, acorde con los principios de proporcionalidad, razonabilidad y de necesidad, incidirían para que la Colegiatura decida imponer las penas mínimas efectivas para este delito, o sea la de 72 meses de prisión y la de 60 meses de inhabilitación para el ejercicio de derecho y funciones públicas. 

•	En lo que tiene que ver con las penas que corresponderían por los delitos concursantes, tenemos que frente al delito de falsedad en documento privado, aplicando los mismos criterios para la tasación de las penas por el delito base, las mismas corresponderán a un 25% del mínimo con el cual es reprimido dicho reato, 16 meses, lo que equivaldría a 4 meses de prisión. Mientras que en lo que atañe con el delito de estafa, dicho porcentaje del 25% correspondería a 6,25 meses de prisión. 

•	Finalmente, respecto de la pena de multa, la cual operaria como principal sobre el delito de estafa, acorde con los criterios expuestos con antelación, se aplicará la pena mínima, o sea la de 66,66 s.m.m.l.v.

Siendo así las cosas, acorde con lo expuesto en los párrafos precedentes, las penas a purgar por parte de la Procesada LEONORA LÓPEZ PIEDRAHITA como consecuencia de la declaratoria de su compromiso penal, corresponderían a 82,25 meses de prisión, que sería lo mismo que 82 meses y 7 días de prisión, a 60 meses de inhabilitación para el ejercicio de derecho y funciones públicas, y al pago de una multa de 66,66 s.m.m.l.v.

Lo que es producto de la sumatoria de los 72 meses por el delito de fraude procesal más los 4 meses por el delito de falsedad en documento privado y los 6,25 por el delito de estafa.

En lo que atañe con el reconocimiento de subrogados y sustitutos penales, la Sala es de la opinión que no sería viable la concesión del subrogado penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, debido a que como consecuencia del monto de las penas impuestas a la declarada penalmente responsable, las que exceden los 4 años de prisión, no se cumpliría con el requisito objetivo requerido por el articulo 63 C.P. para su procedencia. Mientras que en lo que tiene que con la sustitución de la pena de prisión por prisión domiciliaria, la misma seria procedente de aplicarse por favorabilidad las disposiciones de la ley 1.709 de 2.014 que modificaron el Código Penal, si se tiene en cuenta que en el presente asunto se cumplirían con todos los requisitos exigidos para la procedencia del sustituto de marras por parte del artículo 38B C.P. si nos atenemos a lo siguiente:

•	Los delitos por los cuales se declaró la responsabilidad criminal de la acusada en abstracto son reprimidos por unas penas mínimas que no exceden los 8 años de prisión. 

•	Los delitos no se encuentran en el listado de reatos consignado en el inciso 2º del artículo 68A C.P. para los cuales está prohibida la concesión del sustituto de marras. Pero, bien vale la pena anotar que respecto del delito de fraude procesal se podría presentar una confusión sobre la procedencia de la prohibición, debido a que la misma procede de manera genérica sobre los delitos amparados por el interés jurídico de la administración pública, lo que no le seria oponible al delito de marras, pues hace parte de los delitos que tienen que ver con la eficaz y recta impartición de justicia, el cual es un interés jurídico diferente del de la administración pública, el cual no está consagrado en las prohibiciones que hacen parte del aludido inciso 2º del artículo 68A C.P. 

•	De las pruebas aducidas en el proceso está plenamente acreditado el arraigo familiar y social de la declarada penalmente responsable, quien es una persona septuagenaria.  

Siendo así las cosas, la Sala le reconocerá a la Procesada la sustitución de la pena de prisión por prisión domiciliaria, para lo cual dentro de los 5 días siguientes a la expedición de la presente decisión, deberá cancelar una caución prendaria equivalente al 25% de un salario mínimo legal mensual vigente para la época de la comisión de los hechos, y suscribir un acta en la que se comprometa a cumplir con las obligaciones consignadas en el # 4º del 38B C.P.  

El cual para el año 2.011 equivalía a $ 535,600.00 mensuales.

Finalmente, en lo que tiene que ver con los recursos que se deben interponer en contra del presente fallo de 2ª instancia, la Sala mayoritaria de la Corporación es de la opinión que en su contra solamente procede el recurso de casación, el cual deberá ser interpuesto y sustentado dentro de las oportunidades de ley.

En mérito de todo lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley,

R E S U E L V E:

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Sentencia absolutoria proferida en las calendas del 10 de septiembre de 2015 por el Juzgado 3º Penal del Circuito de esta localidad, y por lo tanto se declarara la responsabilidad penal de la Procesada LEONORA LÓPEZ PIEDRAHÍTA en lo que tiene que ver con los cargos endilgados en su contra por incurrir en la comisión de los delitos de fraude procesal, estafa y falsedad ideológica en documento privado.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, SE CONDENA a la Procesada LEONORA LÓPEZ PIEDRAHÍTA a purgar una pena de 82 meses y 7 días de prisión, a 60 meses de inhabilitación para el ejercicio de derecho y funciones públicas, y al pago de una multa equivalente a 66,66 s.m.m.l.v.

TERCERO: No reconocerle a la Procesada LEONORA LÓPEZ PIEDRAHÍTA la concesión del subrogado penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena.

CUARTO: SUSTITUIR por prisión domiciliaria la pena de prisión impuesta a la Procesada LEONORA LÓPEZ PIEDRAHÍTA, para lo cual deberá cancelar, dentro de los 5 días siguientes a la expedición de la presente decisión, una caución prendaria equivalente al 25% de un salario mínimo legal mensual vigente para la época de la comisión de los hechos, y suscribir un acta en la que se comprometa a cumplir con las obligaciones consignadas en el # 4º del 38B C.P.  

QUINTO: ORDENAR la cancelación de la Escritura Pública # 1367 del 17 de mayo de 2.011 expedida por la Notaria 3ª de este Circulo Notarial, al igual que su anotación en el folio de matrícula inmobiliaria # 290-77472, llevado por la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de esta localidad.

SEXTO: CONFIRMAR parcialmente el fallo opugnado frente a los demás temas objeto de impugnación, los cuales fueron avalados en el presente provisto por parte de esta Colegiatura.

SÉPTIMO: Declarar por Sala mayoritaria que en contra del presente fallo de 2ª instancia procede el recurso de casación, el cual deberá ser interpuesto y sustentado dentro de las oportunidades de ley.

  NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE:

MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado
CON SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ
Magistrado

SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO:

A pesar de que al suscrito se le encomendó la ponencia en el presente asunto, es de anotar que existen potísimas razones que me obligan a discrepar de la determinación tomada por la Sala mayoritaria, la cual tiene que ver con los recursos que procederían en contra del presente fallo de 2ª instancia ya que el suscrito es de la opinión que en lo que tiene que ver con los eventuales recursos que procederían en contra de lo resuelto en el caso subexamine en sede de 2ª instancia, procedía el recurso de apelación, lo que vendría siendo una consecuencia de acatar lo decidido por la Corte Constitucional tanto en la sentencia # C-792 de 2014, como en la SU-215 de 2016, en la cual se declaró la inconstitucionalidad con efectos diferidos de las expresiones demandadas contenidas en los artículos 20, 32, 161, 176, 179, 179B, 194 y 481 del C.P.P. y como quiera que en la actualidad se encuentra más que vencido el plazo de 1 año que se le concedió al Congreso de la Republica para que legislará sobre esos tópicos, reiteramos que en contra del presente proveído de 2ª instancia, el que acorde con los términos expuestos por la Corte Constitucional en las sentencias aludidas debe ser considerada como una 1ª sentencia condenatoria, procedería el recurso de apelación, el cual deberá ser interpuesto y sustentado dentro de las oportunidades de ley.

Ahora bien, no se desconoce la posición asumida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en la providencia del 27 de julio 2016, Radicado # 48442, la cual, a fin de hacerle el esquince al derecho que le asiste a los Procesados para impugnar de manera excepcional el primer fallo de condena, expuso lo siguiente:

 “La  Sala ha de precisar que no existe posibilidad de dar trámite al recurso de “apelación” irregularmente instituido por el Tribunal para permitir de los afectados con la sentencia, controvertirla, simplemente porque no es este un mecanismo que tenga soporte legal, ni mucho menos, cuente con habilitación de competencia o un trámite específico en la ley, cuando se trata de impugnar el fallo de segunda instancia, evidente como se hace que la norma procesal vigente para el caso, Ley 906 de 2004, solo habilita el recurso extraordinario de casación, de conformidad con el procedimiento allí establecido.

Y si bien, como se anota en la justificación surtida por el Ad quem para soportar la concesión del hoy inexistente recurso de apelación contra la sentencia de segundo grado, la Corte Constitucional en la sentencia C-792 de 2014, advirtió necesario exhortar al legislador para la expedición de una ley que permita impugnar los fallos condenatorios cuando ellos se dictan por primera vez, es lo cierto que la omisión en que incurrió el Congreso de la República en el lapso de un año otorgado para el efecto, impide materializar esa posibilidad, así en la parte sustancial de la referida sentencia de exequibilidad, la Corte Constitucional signifique que procede la dicha impugnación incluso para el caso en que se desatendiera, como sucedió, su exhorto al legislativo. 

(::::)

Nada más debe añadir la Sala a lo consignado en la transcripción precedente, pues, se reitera, con el irregular trámite ofrecido a la defensa por el Tribunal, no solo asumió una competencia jamás deferida por la ley, sino que creó un recurso inexistente a partir de un trámite que, huelga anotar, tampoco comporta soporte legal.

De esta manera, como se evidencia claro que en contra de la sentencia de segunda instancia, no importa su contenido, solo opera el recurso extraordinario de casación, el cual ha sido soslayado para introducir un mecanismo ordinario hoy carente de sustento legal, la Corte no solo debe restablecer la integridad del procedimiento, anulando la tramitación espuria, sino que ha de permitir de la parte afectada con el fallo, acudir al único medio establecido legalmente para controvertirlo, de conformidad con lo que regula el artículo 32 de la Ley 906 de 2004, en consonancia con los artículos 181 y 184 ibídem.

Con base en lo anterior, dejo expresada las razones y motivos por las cuales me vi en la imperiosa necesidad de aclarar mi voto en el presente asunto…..”.

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Providencia del veintisiete (27) julio de 2016. AP4810-2016. Radicado # 48442.

Pero lo dicho por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es algo de dudoso obedecimiento o acatamiento, lo  que de tajo está desconociendo la obligatoriedad de lo fallado por la Corte Constitucional en las sentencias # C-792 de 2014 y SU-215 de 2016, en las cuales como consecuencia de la declaratoria de inconstitucionalidad con efectos diferidos de las expresiones demandadas contenidas en los artículos 20, 32, 161, 176, 179, 179B, 194 y 481 del C.P.P. se reconoció el derecho que tienen los Procesados absueltos de apelar el fallo que revoca la absolución.

Dichos precedentes tienen plena vigencia y por ende se tornaron como obligatorios en atención a que en la actualidad se encuentra más que vencido el plazo de un año que se le concedió al Congreso de la Republica para que legislará sobre esos tópicos, por lo que se reitera, según los términos expresados en dichos precedentes los mismos han adquirido plena vigencia y por ende son obligatorios sin necesidad que se haya legislado o reglamentado su aplicación, lo cual sería lo ideal pero que por desgracia ello no se dio, como bien de manera categórica lo expresó la Corte Constitucional en los siguientes términos:

De acuerdo con este planteamiento, la Corte concluye que el legislador tiene el deber constitucional de diseñar e implementar un recurso que materialice el derecho a controvertir los primeros fallos condenatorios que se dictan en un juicio penal, el cual debe otorgar amplias potestades al juez de revisión para analizar y evaluar las cuestiones fácticas, probatorias y normativas que inciden en el contenido de la decisión judicial objeto del recurso. 

(:::)

Por esta circunstancia, el mecanismo idóneo para subsanar el déficit normativo no es un fallo de exequibilidad condicionada, porque se requiere de la intervención directa del órgano legislativo para este efecto. En este orden de ideas, la Corte adoptará las siguientes decisiones: (i) Declarará la inconstitucionalidad de los artículos 20, 32, 161, 176, 179, 179B, 194 y 481 de la Ley 906 de 2004, en cuanto omiten la posibilidad de impugnar todas las sentencias condenatorias; (ii) declarará la exequibilidad de los preceptos anteriores, en su contenido positivo, por los cargos analizados; (iii) la declaratoria de inconstitucionalidad será diferida a un año, contado a partir de la notificación por edicto de la sentencia; (iv) se exhortará al Congreso de la República para que en el término de un año contado a partir de la notificación por edicto de esta sentencia, regule integralmente el derecho a impugnar las sentencias que en el marco de un proceso penal, imponen una condena por primera vez, tanto en el marco de juicios penales de única instancia, como en juicios de dos instancias; (v) se dispondrá que en caso de que el legislador incumpla el deber anterior, se entenderá que procede la impugnación de los referidos fallos ante el superior jerárquico o funcional de quien impuso la condena……”.  

Corte Constitucional: Sentencia # C-792 del veintinueve (29) de octubre de 2014. M.P. LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ. {Negrillas fuera del texto}.

A lo anterior se hace necesario adicionar que por tratarse uno de los precedentes enunciados de una sentencia de constitucionalidad, los mismos son de obligatorio cumplimientos y acatamiento con bien nos lo indica el artículo 48 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia de la siguiente manera:

“Las sentencias proferidas en cumplimiento del control constitucional tienen el siguiente efecto:

1. Las de la Corte Constitucional dictadas como resultado del examen de las normas legales, ya sea por vía de acción, de revisión previa o con motivo del ejercicio del control automático de constitucionalidad, sólo serán de obligatorio cumplimiento y con efecto erga omnes en su parte resolutiva. La parte motiva constituirá criterio auxiliar para la actividad judicial y para la aplicación de las normas de derecho en general. La interpretación que por vía de autoridad hace, tiene carácter obligatorio general……”.

Artículo 48 de la Ley 270 de 1.996.

Con base en lo anteriores argumentos, dejo sentadas las razones y motivos por las cuales de manera parcial me vi forzado a salvar mi voto en el presente asunto.

MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado 

Fecha Et Supra