El siguiente es el documento presentado por la Magistrada ponente que sirvió de base para proferir la providencia dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en la Secretaría de esta Corporación.

Providencia:			Sentencia – Revoca -  Niega pretensiones - 24 de noviembre de 2016
Radicación Nro. :			66001-31-03-003-2013-00106-01
Demandante:			César Arnobio Pulgarín Calderón
Demandado:			José Wilmar y Blanca Yaneth Palacio Zapata
Proceso:				Ordinario - Responsabilidad Civil Contractual
Magistrado Ponente:		CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS

Tema:					RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL / NO SE PROBÓ LA EXISTENCIA DE UNO DE LOS ELEMENTOS – EL CONTRATO / REVOCA / NIEGA TODAS LAS PRETENSIONES / ““Es menester establecer en primer lugar la clase de responsabilidad, contractual o extracontractual, que se invoca como fundamento de las pretensiones, en razón a que de manera concreta ninguna de ellas se señaló en la demanda; el juzgado, como ya se indicara, analizó la cuestión planteada bajo la óptica de la segunda.”
(…)

“De acuerdo con esa jurisprudencia, la facultad del juez para definir el litigio no es absoluta, encuentra límites en las pretensiones que le plantea el demandante y en los hechos sobre los que ellas se edifican; también en las excepciones que propone el demandado, sin perjuicio de las facultades oficiosas que la ley le otorga.

En este caso, a juicio de la Sala el juzgado incurrió en incongruencia, pues, aunque expresamente nada se dijo en el escrito por medio del cual se formuló la acción, basta examinar su contenido para concluir con toda seguridad que fue una responsabilidad de naturaleza contractual la que se invocó como fuente de las indemnizaciones que se reclaman. En efecto, los hechos de aquel escrito dan cuenta de la existencia de un convenio por medio del cual el actor se comprometió a adquirir un crédito, por la suma de $20.000.000, garantizado con hipoteca sobre un inmueble de su propiedad, identificado con matrícula inmobiliaria No. 290-129842 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira. Tal suma sería entregada a los demandados; estos se obligaban a cancelar la obligación y “no la dejarían perder (la casa del actor) y que le ponían como garantía la casa donde ellos vivían ubicada en la Urbanización Perla del Sur”.

Sin embargo, sin fundamento legal alguno, el juzgado trató la cuestión como si de una responsabilidad civil extracontractual se tratara y así decidió el litigio, situación que se remediará en esta providencia, en la que se definirá la controversia con sustento en la responsabilidad que efectivamente alegó el actor, pues aunque situación como esa no fue motivo de impugnación, sí se discute en el escrito por medio del cual se sustentó el recurso, la existencia de la obligación en que fundamenta el demandante las indemnizaciones que reclama. 

La jurisprudencia y doctrina han decantado que son elementos de la responsabilidad civil contractual, los siguientes: a) la existencia de contrato válido; b) el incumplimiento imputable al deudor contractual; c) el daño y d) la relación de causalidad entre los dos últimos.

En relación con el primero de tales presupuestos, correspondía al actor demostrar la existencia del convenio que celebró con los demandados; es decir, que su obligación era la de adquirir un crédito, por la suma de $20.000.000, garantizado con hipoteca sobre un inmueble de su propiedad, identificado con matrícula inmobiliaria No. 290-129842 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira y entregar ese dinero a los demandados y que las de estos eran la de pagar la deuda y no dejar perder ese bien, para lo cual le daban como garantía la casa donde vivían, ubicada en la Urbanización Perla del Sur.

Empero, la existencia de tal convenio no logró acreditarse.”
(…)

“Los indicios que se deducen en contra de los demandados que no asistieron a la audiencia prejudicial, ni a la que se realizó en el curso del proceso y porque no contestaron la demanda, y en contra del señor José Wilmar Palacio Zapata por su no asistencia al acto en que sería escuchado en interrogatorio de acuerdo con la prueba solicitada por el demandante, no resultan suficientes para considerar acreditado el hecho de cuya atención se ocupa la Sala, pues además de que solo es grave el que se infiere de no responder la demanda y todos son de naturaleza equívoca.”
(…)

“En efecto, no acreditó la existencia de las obligaciones a cargo de los demandados, con motivo de la celebración del contrato del que dan cuenta los hechos de la demanda y que insatisfechas justificaran reclamar la indemnización por los perjuicios derivados de ese comportamiento.

En consecuencia, no resultaba procedente acceder a ninguna de las pretensiones elevadas y que se formularon como principales y subsidiarias, pues unas y otras dependían de la existencia de las obligaciones que se dicen incumplidas por los accionados.”

Citación jurisprudencial: Sala de Casación Civil, sentencia de 19 de febrero de 1999, MP. Dr.  Carlos Esteban Jaramillo Schloss - Reiterada en sentencia del 15 de julio de 2010, MP. Dra. Ruth Marina Días Rueda 1100131030132005-00265-01
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 

     		Magistrada ponente: Claudia María Arcila Ríos
Pereira, noviembre veinticuatro de dos mil dieciséis
     		Acta No. 553 de noviembre 24 de 2016 2016        
	     	Expediente 66001-31-03-003-2013-00106-01

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, frente a la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, el 17 de julio de 2015, en el proceso ordinario promovido por el señor César Arnobio Pulgarín Calderón contra José Wilmar y Blanca Yaneth Palacio Zapata.
 
I      P R E T E N S I O N E S  :

Solicita el demandante de manera principal, se declare a los demandados: a) responsables civil y solidariamente de los perjuicios que sufrió con motivo del convenio que celebraron y al que se refieren los hechos de la demanda y en consecuencia, del pago de la hipoteca que por $20.000.000 constituyó sobre el predio con matrícula inmobiliaria No. 290-129842 de su propiedad y de los intereses y de las costas procesales, y b) obligados a entregarle una casa de similares condiciones a la que perdió con motivo de la hipoteca. En consecuencia, se les condene a pagarle $45.522.000 por concepto de daño emergente, valor de la vivienda que entregó como dación en pago a la acreedora hipotecaria, con sus intereses moratorios desde cuando hizo entrega del inmueble hasta cuando el pago se verifique y una suma equivalente a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de perjuicios morales.

De no prosperar estas últimas condenas, solicita, en subsidio, se impongan las siguientes: a) $20.000.000 por concepto del capital de la hipoteca sobre el inmueble atrás referido; b) los intereses de plazo y de mora; c) la suma que resulte probada, por concepto de perjuicios morales; c) las innominadas (sic) que resulten probadas y d) las costas del proceso.

II     H E C H O S

Como constitutivos de la causa petendi la parte actora invocó los que a continuación se sintetizan:

1.- El demandante fue el propietario inscrito del inmueble ubicado en el Parque Industrial, sector B, manzana 11, casa 18, con matrícula inmobiliaria No. 290-129842 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira; el primer piso era su residencia y allí vivía con su núcleo familiar; la segunda planta permanecía arrendada por la suma de $300.000 mensuales, de la que obtenía la mayor parte de su sustento.

2.- El demandante era conocido de los demandados desde hace muchos años, pues todos son del municipio de Belén de Umbría e incluso es el padrino de bautizo del señor José Wilmar Palacio; por ello y en razón a la gran amistad que entre ellos existía, dada la necesidad de la señora Blanca Yaneth Palacio en obtener la suma de $20.000.000 para realizar un viaje a España, le solicitaron  que les permitiera poner su casa a disposición de un prestamista para hipotecarla por esa suma; le dijeron que no la dejarían perder y que ponían como garantía la casa en la que ellos vivían, ubicada en la urbanización Perla del Sur, sobre la que no les prestaban suma alguna, porque se trataba de una posesión, sin que pudiesen demostrar su propiedad.

3.- Así, el demandante prestó su casa para garantizar el préstamo hipotecario que por $20.000.000 otorgó la señora Aideé Gómez Giraldo, suma que recibió el demandante y entregó a los hermanos demandados, quienes dispusieron de ella.

4.- Los citados señores solo pagaron el valor de los intereses durante los primeros cinco meses posteriores al otorgamiento del crédito; el demandante los canceló durante ocho meses y como no pudo hacerlo más, la acreedora inició en su contra un proceso ejecutivo con título hipotecario, en el que se dictó sentencia que le resultó desfavorable y se dispuso el avalúo y remate del bien.

5.- El inmueble fue valorado en $45.522.000; iba a ser rematado por el 70% y así no se alcanzaba a cubrir el 100% del crédito liquidado hasta esa fecha y optó por entregarlo en dación en pago a la demandante.

6.- Los demandados entregaron al actor el original del documento con el que habían adquirido la vivienda ubicada en el barrio Perla del Sur o Bello Horizonte de Pereira, con el que supuestamente respaldaban la hipoteca.

7.- Los citados señores son civil y solidariamente responsables del pago de los perjuicios causados al demandante y están obligados a pagarle los perjuicios morales y económicos que le causaron con su actuar abusivo y negligente. Estos traducidos en el valor del inmueble que tuvo que entregar por $45.522.000 y aquellos en la pérdida del único bien que poseía, en el que vivía con su familia y del que obtenía lo suficiente para sobrevivir y al pasar a vivir de posada, con miles de dificultades, en casas de familiares y amigos, quienes por espacios cortos de tiempo le proporcionan refugio.
 
8.- Los demandados han hecho caso omiso a los continuos requerimientos que les hace el actor para que le solucionen su problema.

III        ACTUACIÓN PROCESAL

1.- Por auto del 29 de abril de 2013 se admitió la demanda.
 
2.- Los demandados, notificados de esa providencia, guardaron silencio dentro del término de traslado.

3.- Se realizó la audiencia que desarrolla el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, a la que no asistieron los demandados; posteriormente se decretaron las pruebas solicitadas por el demandante y practicadas en lo posible se dio traslado a las partes para alegar, oportunidad que ambas aprovecharon. Luego, se decretó una prueba de oficio. 

IV     SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Se dictó el 17 de julio de 205. En ella, la señora Juez Tercero Civil del Circuito de Pereira declaró solidariamente responsables a los demandados de los perjuicios que causaron al demandante y los condenó a pagarle, a título de perjuicios materiales, la suma de $16.556.400 que corresponde a la de $14.000.000 indexada desde enero de 2010 y $10.000.000 por concepto de perjuicios morales; además, al pago de los intereses moratorios al 6% anual; negó las demás súplicas de la demanda y condenó a la parte vencida a pagar las costas del proceso.

Para decidir así, analizó la cuestión bajo la óptica de la responsabilidad civil extracontractual; encontró un indicio en contra de los accionados porque no dieron respuesta al libelo y porque el señor José Wilmar Palacio Zapata no asistió al interrogatorio que decretó de manera oficiosa y a continuación concluyó que el demandante fue engañado por los demandados, abusaron de su buena fe cuando le pidieron hipotecar la casa y recibir ellos el valor del préstamo, respecto del cual no volvieron a pagar intereses, lo que motivó que en su contra se iniciara un proceso hipotecario y tuviera que vender esa propiedad para cancelar el crédito.

Luego afirmó que de acuerdo con el testimonio de la señora Aideé Gómez Hurtado, esta prestó al demandante, en favor de un tercero, la suma de $20.000.000 que garantizó con una hipoteca; esa suma fue la que canceló el citado señor, porque no le cobró los intereses, “pero hay que tener en cuenta que en realidad de acuerdo a la letra de cambio que trató de ser cobrada sin éxito”, la hipoteca inicial fue por $14.000.000, que se reconocerá a título de perjuicios materiales, debidamente indexada. Los perjuicios morales los tasó porque considera que tener una casa y perderla “por cuenta de personas que lo engañaron y máxime a la edad del demandante le causó un dolor muy grande”.

V     RECURSO DE APELACIÓN

Inconformes con la sentencia, los demandados la impugnaron. En esta sede, el apoderado que los representa adujo, en confusa redacción, que es indudable que las partes celebraron un negocio jurídico, “que le prestaron un dinero a los demandados, pero el monto y la clase de negocio no fue como lo pactaron las partes, dicho préstamo fue respaldado por una letra de cambio y no como quiso hacer ver el demandante al juzgado mediante una hipoteca”.

Este último hecho, considera, se demuestra con las copias del proceso ejecutivo que se tramitó en el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Pereira, que se incorporaron al proceso de manera oficiosa, en el que se aportó como título ejecutivo una letra por valor de $14.000.000, firmada por uno de los demandados, a favor del demandante, siendo ese título valor el origen de  la obligación de los demandados y que por medio de la sentencia proferida en ese asunto se declaró prescrita, motivo por el cual “le cambiaron el nombre a este proceso ordinario (indemnización de perjuicios)”, porque caducó la acción in rem verso o de enriquecimiento sin causa.

Se dedica luego a citar doctrina sobre la caducidad, transcribe algunos apartes del fallo y concluye que como la sentencia no se ajusta a derecho, debe ser revocada. 

VI      CONSIDERACIONES

1.- Se decidirá el asunto con sentencia de fondo porque no existe nulidad alguna que afecte la validez de lo actuado y los presupuestos procesales se encuentran debidamente reunidos.

2.- Es menester establecer en primer lugar la clase de responsabilidad, contractual o extracontractual, que se invoca como fundamento de las pretensiones, en razón a que de manera concreta ninguna de ellas se señaló en la demanda; el juzgado, como ya se indicara, analizó la cuestión planteada bajo la óptica de la segunda. 

El artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, vigente para cuando se interpuso el recurso que por medio de esta providencia se decide, dice en su parte pertinente que “La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley. No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la invocada en ésta…”
 
Y es que la demanda y su contestación, en cuanto recogen las posturas de las partes en el proceso delimitan el contenido del litigio y es por ello que de conformidad con la norma transcrita, el juez, al desatar la controversia, debe hacerlo con sujeción a ellas sin que esté autorizado para hacerlo desbordando los linderos que los contendientes fijaron, porque en tal forma produce un fallo extra petita que desconoce el principio de la congruencia. 

Al respecto la Corte Suprema de Justicia, cambiando lo que hay que cambiar, ha dicho:

“…si bien es cierto que a los jueces les ha sido reservada la misión de efectuar la correcta calificación jurídica de los hechos litigados que resulten probados, labor en la que satisfechas ciertas condiciones (G. J, Ts. XLI, Bis, pág. 233, y XLIX, pág. 229) no los atan por principio las equivocaciones en que haya podido caer la parte interesada al citar normas destinadas apenas a ilustrar la cuestión planteada, también es verdad que siendo la demanda pieza esencial en el común de los procesos de naturaleza civil y las declaraciones categóricas en ella contenidas pauta de forzosa observancia al momento de fallar (G. J, T. LXVI, pág. 76), aquellos funcionarios no cuentan con autoridad ninguna para, en correría ilimitada y arbitraria, llegar hasta desestimar las susodichas declaraciones, seleccionando de oficio acciones y vías legales no utilizadas por las personas legitimadas para hacerlo, luego salta a la vista la especial importancia que tiene la escogencia de la acción y la manera de enderezarla, habida cuenta que como lo señala la jurisprudencia, ".... de estas circunstancias depende muchas veces el resultado favorable o adverso de la demanda, ya que la sentencia con que termina el juicio no puede considerarse legalmente como verdadera decisión de la controversia sino en cuanto recaiga determinada y exclusivamente sobre la acción intentada y la manera en que lo haya sido, especialmente la forma en que hayan sido emplazadas las partes para sostener el debate...." (G. J, t. LIV, pág. 444)… sin embargo, que el poder del que viene haciéndose mérito lo circunscriben precisos límites que, sin incurrir en el vicio de incongruencia positiva, no pueden ser rebasados pues en cuanto a la demanda toca, de manera constante ha sido insistente la doctrina jurisprudencial en señalar que "...determinada claramente en la demanda cual es la sentencia judicial que persigue el actor, es decir cuál debe ser la materia sobre la que haya de recaer el fallo, no puede salirse el sentenciador de ese ámbito que le marca el propio actor, para fallar en sentido diverso a las súplicas de la demanda.." (G. J, T. LXXXI, pág. 700) lo que en otras palabras equivale a sostener, en la actualidad por lo demás con inequívoco fundamento en el texto del Art. 305 del C de P. C, modificado por el Art. 1º, Num. 135, del Decreto Ley 2282 de 1989, que el acatamiento del deber de congruencia reclama que el juicio jurisdiccional emitido en la sentencia se ajuste, no sólo a los hechos litigados sino también a la pretensión entablada de tal modo que no sean alterados los elementos que individualizan a esta última… para los órganos sentenciadores es en absoluto vinculante la clase de acción ejercitada por el demandante y si no cuentan con autoridad para variarla desconociendo a su arbitrio los elementos subjetivos y objetivos que la identifican, preciso es inferir entonces que, ante un caso dado en el que se hagan valer pretensiones a las que el actor, mediante declaraciones categóricas de su libelo, les haya asignado una clara configuración extracontractual, aquellos órganos no pueden modificar esta faz originaria de la litis y resolver como si se tratara del incumplimiento de obligaciones emergentes de un contrato… Estas diferentes esferas en que se mueven la responsabilidad contractual y la extracontractual no presentan un simple interés teórico o académico ya que en el ejercicio de las acciones correspondientes tan importante distinción repercute en la inaplicabilidad de los preceptos y en el mecanismo probatorio..." (G. J. T LXI, pág. 770).

De manera más reciente, la Corte, en fallo de 16 de julio de 2008, reiterada el 15 de julio de 2010, avaló la precedente jurisprudencia acerca de la vigencia de las diferenciaciones entre las acciones contractual y extracontractual, y antes de referirse a las diversas corrientes doctrinarias sobre el particular, expresó: 

“No se trata, en verdad, de una cuestión de mera nomenclatura o denominación de los fenómenos jurídicos, o de una manifestación intrascendente y de escaso o nulo valor vinculante para el juez, o que éste, por diversas razones, pueda pasar por alto o examinarlo con desdén; por el contrario, en la situación actualmente existente en la doctrina y la jurisprudencia patria, la diferenciación entre una y otra especie de responsabilidad civil  (contractual o extracontractual)  es asunto destinado a producir diversas consecuencias y a reflejar efectos de disímil temperamento en materias cardinales tales como el régimen probatorio (particularmente en torno al onus probandi); la extensión y resarcimiento del daño, la prescripción de la acción, el examen de la culpa, la viabilidad de las cláusulas de exoneración o limitación, entre muchas otras.”

Para concluir, de manera concreta que:

“En fin, lo que aquí se quiere significar es que cuando el actor ha explicitado de manera unívoca y contundente la especie de responsabilidad que quiere hacer valer contra el demandado, no le es dado al fallador desdeñar esa elección ni alterar a su gusto, sin importar los móviles que lo alienten, la clara y expresa decisión del demandante.” 

De acuerdo con esa jurisprudencia, la facultad del juez para definir el litigio no es absoluta, encuentra límites en las pretensiones que le plantea el demandante y en los hechos sobre los que ellas se edifican; también en las excepciones que propone el demandado, sin perjuicio de las facultades oficiosas que la ley le otorga.

En este caso, a juicio de la Sala el juzgado incurrió en incongruencia, pues, aunque expresamente nada se dijo en el escrito por medio del cual se formuló la acción, basta examinar su contenido para concluir con toda seguridad que fue una responsabilidad de naturaleza contractual la que se invocó como fuente de las indemnizaciones que se reclaman. En efecto, los hechos de aquel escrito dan cuenta de la existencia de un convenio por medio del cual el actor se comprometió a adquirir un crédito, por la suma de $20.000.000, garantizado con hipoteca sobre un inmueble de su propiedad, identificado con matrícula inmobiliaria No. 290-129842 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira. Tal suma sería entregada a los demandados; estos se obligaban a cancelar la obligación y “no la dejarían perder (la casa del actor) y que le ponían como garantía la casa donde ellos vivían ubicada en la Urbanización Perla del Sur”.
 
Sin embargo, sin fundamento legal alguno, el juzgado trató la cuestión como si de una responsabilidad civil extracontractual se tratara y así decidió el litigio, situación que se remediará en esta providencia, en la que se definirá la controversia con sustento en la responsabilidad que efectivamente alegó el actor, pues aunque situación como esa no fue motivo de impugnación, sí se discute en el escrito por medio del cual se sustentó el recurso, la existencia de la obligación en que fundamenta el demandante las indemnizaciones que reclama. 

3.- La jurisprudencia y doctrina han decantado que son elementos de la responsabilidad civil contractual, los siguientes: a) la existencia de contrato válido; b) el incumplimiento imputable al deudor contractual; c) el daño y d) la relación de causalidad entre los dos últimos.

En relación con el primero de tales presupuestos, correspondía al actor demostrar la existencia del convenio que celebró con los demandados; es decir, que su obligación era la de adquirir un crédito, por la suma de $20.000.000, garantizado con hipoteca sobre un inmueble de su propiedad, identificado con matrícula inmobiliaria No. 290-129842 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira y entregar ese dinero a los demandados y que las de estos eran la de pagar la deuda y no dejar perder ese bien, para lo cual le daban como garantía la casa donde vivían, ubicada en la Urbanización Perla del Sur.

Empero, la existencia de tal convenio no logró acreditarse. En efecto:

3.1 Se citaron como testigos de la existencia de los pactos a que se refieren los hechos de la demanda a las señoras Rita Liliana, María Alejandra, Cenelia del Socorro y María Cristina Pulgarín Cardona, hijas del demandante, excepto la segunda que es su nieta. Sin embargo, lo poco que saben en relación con la existencia del contrato, llegó a su conocimiento por los propios comentarios del actor. Es decir, se trata de testigos de oídas que nada, con grado de verosimilitud transmiten.

También declaró la señora Aideé Gómez Giraldo, pero de sus dichos surge evidente que desconoce la existencia del contrato que celebraron las partes y que sirve de fundamento a las indemnizaciones que el actor reclama. En efecto, dijo que prestó $20.000.000 a César Arnobio, suma que se garantizó con una hipoteca que constituyó sobre una casa de su propiedad, ubicada en el Parque Industrial, sector B; el crédito tenía como finalidad “pagar una hipoteca a un tercero”; presentó demanda porque se atrasó en el pago de los intereses, “César me dio la casa, la casa se vendió y yo recuperé la plata”, la suma atrás indicada, sin intereses; no conoce a los demandados; niega que haya recibido el inmueble hipotecado, en dación en pago y por la suma de $45.522.000 e ignora quién lo vendió, según cree, por $31.000.000 o $32.000.000. 

3.2 Las copias del proceso ejecutivo con título hipotecario que se tramitó en el Juzgado Segundo Civil Municipal de Pereira, propuesto por la señora Aideé Gómez Giraldo contra César Arnobio Pulgarín Calderón, tampoco dan cuenta de la existencia del convenio de que se trata y contrario a lo afirmado en la demanda, evidencian las piezas que lo componen, que su terminación se produjo por pago total de la obligación y no por dación en pago.

3.3 En el interrogatorio absuelto por el demandante, dentro de la audiencia que desarrolla el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, dijo que con motivo del acuerdo celebrado, el demandado le firmó una letra de cambio por $14.000.000 y le entregaron una promesa de venta; que como no fueron capaces de pagar la deuda, tocó conseguir otro dinero, $20.000.000, y explicó que la primera hipoteca fue por aquel valor y luego se cambió por este, sobre la misma casa; con motivo del remate que de ella se iba a hacer en el proceso que se adelantó para obtener su pago, hubo de venderla para pagar la deuda, no le quedó dinero, porque ya se debían $38.000.000.

Resulta sin embargo que en la demanda no se mencionó que el demandado hubiese suscrito un título valor por $14.000.000, ni que la falta de pago de esa obligación, haya justificado adquirir otra por $20.000.000 para cancelarla. 

Otros de los hechos que expuso el demandante en el interrogatorio de que se trata no coinciden con los que narró en la demanda, en la que se afirmó que aquel hubo de hacer una dación en pago a la acreedora, a quien le entregó el inmueble por la suma de $45.522.000, pero la referida prestamista dijo que no recibió el inmueble como forma de satisfacer la acreencia y que el deudor le pagó solo $20.000.000. 

3.4 La existencia de la acreencia por $14.000.000, a la que se acaba de hacer mención, quedó acreditada en el plenario con las copias tomadas del proceso ejecutivo promovido por César Arnobio Pulgarín Calderón contra José Wilmar Palacio Zapata, que se tramitó en el Juzgado Séptimo Civil Municipal Adjunto de Pereira, en el que se aportó como título ejecutivo una letra de cambio, por aquel valor, aceptada por el último, a favor del primero, pagadera el 26 de diciembre de 2007, proceso que terminó con providencia del 10 de abril de 2012, por medio de la cual se declaró probada la excepción de prescripción extintiva de la acción cambiaria. 

Tales documentos tampoco prueban la existencia del acuerdo que celebraron los litigantes, sobre el que se edificaron las pretensiones y por el contrario, dan cuenta de la existencia de otra clase de acuerdo entre las partes.

3.5 Ni el interrogatorio que absolvió en el curso del proceso la señora Blanca Yaneth Palacio Zapata, quien solo reconoció la existencia de una obligación que adquirió junto con el otro demandado, a favor del demandante, por la suma de $14.000.000, que les fueron prestados para que el segundo hiciera un viaje y sería ella quien pagaría la acreencia; pagó parte de los intereses, mas no el capital. 

Contó la misma deponente que el abogado del actor les estaba cobrando $60.000.0000 con el argumento que ese era el valor del inmueble de su representado, pero cuando este les prestó el dinero nunca les dijo que tenía que hipotecar su casa, sino que una amiga suya les cobraría bajos intereses por esa suma y que en su residencia cree tener “una letra de esas azules que se encuentra firmada por mi hermano y por don Arnobio”.

De las manifestaciones de la deponente no se obtuvo su confesión sobre la existencia del convenio a que se refieren los supuestos fácticos sobre los que se edificaron las pretensiones de la demanda.

3.6 La copia de la escritura pública aportada con la demanda es la misma que se incorporó al proceso ejecutivo con título hipotecario a que se hizo referencia en el numeral 3.2 de este acápite y solo da cuenta del contrato de mutuo que celebró el actor con Aideé Gómez Giraldo, por la suma de $20.000.000, que garantizó el deudor con hipoteca sobre un inmueble de su propiedad.

3.7 El documento que contiene la promesa de compraventa que suscribieron Daniel de Jesús Muñoz Castaño y José Wilmar Palacio Zapata, por medio del cual el primero promete transferir al segundo el dominio y posesión de una casa de habitación ubicada en la segunda etapa de la Asociación de Vivienda Bello Horizonte de Pereira, no se considera idóneo para probar la existencia del contrato ya tantas veces referido. 

3.8 Los indicios que se deducen en contra de los demandados que no asistieron a la audiencia prejudicial, ni a la que se realizó en el curso del proceso y porque no contestaron la demanda, y en contra del señor José Wilmar Palacio Zapata por su no asistencia al acto en que sería escuchado en interrogatorio de acuerdo con la prueba solicitada por el demandante, no resultan suficientes para considerar acreditado el hecho de cuya atención se ocupa la Sala, pues además de que solo es grave el que se infiere de no responder la demanda y todos son de naturaleza equívoca.

Además, porque no cuenta el plenario con alguna otra prueba de la que pueda deducirse la existencia del convenio y porque en contra del actor también pesan indicios. El primero grave, de acuerdo con el inciso final del artículo 232 del Código de Procedimiento Civil, según el cual, “Cuando se trate de probar obligaciones originadas en un contrato o convención…la falta de documento o de un principio de prueba por escrito, se apreciará por el juez como indicio grave de la inexistencia del respectivo acto, a menos que por las circunstancias en que tuvo lugar haya sido imposible obtenerlo, o que su valor y la calidad de las partes justifiquen tal omisión”.

Y el segundo, porque los hechos narrados en la demanda no se ofrecieron todos sinceros. Se reitera, en tal escrito se manifestó que el actor entregó a la acreedora hipotecaria el inmueble de su propiedad, por $45.522.000, para cancelar la suma de $20.000.000 de la que solo disfrutaron los demandados. Empero, la primera fue afirmación mendaz, pues el proceso terminó por pago total de la obligación y tampoco fue aquella suma la que se pagó a la prestamista, sino la última.

4.- De acuerdo con el anterior análisis probatorio, puede concluirse que el demandante dejó de cumplir la carga que le impone el artículo 1757 del Código Civil, según el cual “Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o esta". 

En efecto, no acreditó la existencia de las obligaciones a cargo de los demandados, con motivo de la celebración del contrato del que dan cuenta los hechos de la demanda y que insatisfechas justificaran reclamar la indemnización por los perjuicios derivados de ese comportamiento.

En consecuencia, no resultaba procedente acceder a ninguna de las pretensiones elevadas y que se formularon como principales y subsidiarias, pues unas y otras dependían de la existencia de las obligaciones que se dicen incumplidas por los accionados.

5.- En esas condiciones, considera la Sala que no fue acertada la decisión adoptada por la funcionaria de primera sede, que sin fundamento probatorio y con sustento en una responsabilidad de naturaleza extracontractual, declaró aquella contractual reclamada.

DECISIONES Y CONCLUSIÓN 

Se revocará el fallo que se revisa y en su lugar, se negarán las súplicas de la demanda.

Se condenará al demandante a pagar las costas causadas en ambas instancias. No se fijarán las agencias en derecho en esta sede, porque para la mayoría de la Sala, sobre tal aspecto, debe aplicarse el Código General del Proceso que no ordena proceder así.

Por lo expuesto, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, el 17 de julio de 2015, en el proceso ordinario promovido por el señor César Arnobio Pulgarín Calderón contra José Wilmar y Blanca Yaneth Palacio Zapata. En su lugar, se niegan todas las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO.- Costas en ambas instancias a cargo del demandante y en favor de los demandados.

Notifíquese y cúmplase, 

Los Magistrados,

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS
Con salvamento parcial de voto

DUBERNEY GRISALES HERRERA
(Ausente con causa justificada)

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS